La Comisión elaboró un informe preliminar en relación a la libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile durante el estado de emergencia. La fecha que comprende este documento es entre el 18 y el 27 de octubre pasado.

El informe se realizó como aporte para la Audiencia (de Oficio) sobre la situación de Derechos Humanos en el contexto de la protesta social en Chile durante el 174º período de sesiones a realizarse el 11 de noviembre de 2019 en Quito, Ecuador. Y se redactó en conjunto por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación.

El 23 de octubre de 2019 la CIDH convocó a una audiencia para recibir información tanto del Estado como de la sociedad civil para tener conocimiento acerca de las situaciones de derechos humanos en el país.

Durante el período que comprende el texto se vivió en gran parte del país un estado de excepción y toques de queda, y en este contexto se vivieron múltiples violaciones a la libertad de expresión:

Obstrucción en el acceso a la información pública:

Incluyendo: restricciones de acceso a información sobre detenciones y heridos, reuniones secretas del gobierno con empresarios y principales canales de TV y medios escritos, conferencias de prensa sin derecho a preguntas por parte de los periodistas y ausencia de publicación de los decretos de toque de queda.

El acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares fundacionales de las democracias, que se origina en el reconocimiento de que el titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos y que hace al gobierno objeto de controles. Entre ellos, el escrutinio de la población para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo y participar en la definición de las políticas estatales. Esto es particularmente importante en el caso de la información relativa a graves violaciones a derechos humanos o del derecho internacional humanitario. El principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que «[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos».

Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas». Teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación, la ley debe garantizar el acceso efectivo y más amplio posible a la información pública, y las excepciones no deben convertirse en la regla general en la práctica. Además, el régimen de excepciones debe interpretarse restrictivamente y toda duda deberá resolverse por la transparencia y el acceso.

«Dicho lo anterior, detectamos las siguientes prácticas que vulneraron este derecho»:

Restricciones de acceso a información sobre detenciones y heridos. Se identificaron distintas deficiencias en los datos e información relativa a personas detenidas, heridos, y circunstancias en las que se produjeron los casos de personas muertas. El documento indica que el Gobierno ha sido poco transparente en cuanto a esta información, mientras que la Fiscalía Nacional ha ofrecido datos relativos respecto del número de víctimas de diferentes violaciones a DDHH.

Reuniones secretas del Gobierno. En el periodo de Estado de Emergencia tanto el presidente Sebastián Piñera, como sus ministros, realizaron numerosas reuniones con distintos agentes. Algunas de las reuniones fueron informadas, como las realizadas con otros poderes del Estado, y con partidos de la oposición, así como otros agentes sociales, estas fueron anunciadas en comunicaciones públicas, o se realizaron declaraciones públicas relativas a su contenido. Sin embargo el Gobierno ocultó información relativa a determinadas reuniones, sobre las cuales no se ofreció información en las conferencias de prensa y cuya celebración no fue informada en la pauta entregada a los periodistas que se encontraban en el palacio de La Moneda informando.

Entre las reuniones que fueron conocidas accidentalmente por la opinión pública se encuentra la realizada el 20 de octubre por el Gobierno con los dueños de las grandes cadenas de supermercados. Una vez terminada la reunión los periodistas que se encontraban en el palacio de La Moneda conocieron de su celebración a posteriori (no estaba incluida dentro de la pauta de prensa de La Moneda de ese día), al ver salir a varios empresarios, algunos de los cuales dieron referencias de los aspectos tratados en la reunión.

No se informó más al respecto, a pesar de la relevancia informativa de los saqueos y destrozos producida en supermercados durante los primeros días. También se han difundido informaciones relativas a reuniones con directivos de los principales medios de comunicación, una de ellas celebrada el 19 de octubre entre el Ministro del Interior y los directores ejecutivos de canales de televisión de alcance nacional y otra el 25 de octubre con directivos de algunos de los diarios de La Tercera y El Mercurio, que conforman el llamado duopolio de la prensa escrita.

Filtrado automático y bloqueo de cuentas de redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube. Se pudieron documentar 169 casos en los que diversos tipos de usuarios (personas naturales, personajes públicos, medios, cuentas de reposteo, entre otros) sufrieron algún tipo de incidente digital, como dificultades para subir publicaciones, eliminación de cuentas y eliminación de publicaciones.

Interferencia o presión directa o indirecta sobre medios de comunicación.

Cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los canales de alcance nacional.

Restricción de tránsito a periodistas en contexto de toque de queda.

Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación. Se registraron al menos 65 sucesos, que involucraron a 71 comunicadores afectados de forma directa (55 hombres y 16 mujeres). Hubo 46 casos de lesiones por armamento disuasorio (balín, perdigón lacrimógeno), incluyendo un caso de trauma ocular y dos casos de mujeres periodistas obligadas a desnudarse en comisaría.

El informe concluye señalando que «en abril de 2017 fue presentado el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Chile, a partir de la visita in loco realizada al país entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016, con el objeto de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión en el país. El Informe, de 45 páginas, si bien reconocía los avances notables en Chile desde el retorno a la democracia, alerta de la persistencia de «normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado«».

También alertó sobre el uso excesivo e ilegítimo de argumentos de seguridad nacional para restringir el acceso a la información pública, la concentración de la propiedad de los medios y su impacto sobre el pluralismo.