La Dirección del Trabajo extendió el alcance de la norma que prohíbe negociar de forma colectiva en empresas (instituciones privadas o públicas) en las que sus presupuestos -en cualquiera de los dos últimos dos años- se haya financiado en más de un 50 % por dinero proveniente del Fisco.

Esto, incluido en el artículo 304 del Código del Trabajo, generó un nuevo veredicto que se denomina de reconsideración por parte del Ministerio del Trabajo.

 

Revisa el Artículo 304 del Código del Trabajo:

Art. 304.- Ámbito de aplicación. La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación y representación.
No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la prohíban.
Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más del 50 % por el Estado, directamente o a través de derechos o impuestos.

 

En un principio, la Dirección consideraba que no constituía como financiamiento del Fisco el dispendio de fondos públicos traspasados a empresas con el fin de conseguir a cambio de una prestación de servicios o bienes. Por ello, solo estaban adscritas a la prohibición las firmas que obtenían un aporte, como por ejemplo, por medio de presupuesto fiscal.

Sin embargo, el servicio cambió de opinión y propuso que el impedimento aplica de forma independiente de que si «la provisión de fondos se les hubiere otorgado a título gratuito o implique la obligación de efectuar una contraprestación en compensación por dicho financiamiento».

Es decir, que la limitación de negociar colectivamente se dará en todos los organismos en los que más de la mitad de sus fondos sea de origen fiscal, indistintamente de la manera por medio de la cual se transfieren los bienes.

Hoy la norma atiende al origen de los activos aportados, no al modo en que puede aportar. Por lo tanto, lo que esto viene a decir, es que todas las empresas e instituciones que se financien con más de un 50 % con aportes estatales quedarán imposibilitada de negociar colectivamente.